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Corrupción: quiénes saben, dónde es más frecuente, cómo se combate

¿De qué es lo que se quejan los latinoamericanos cuando hablan de corrupción? Si son rigurosos, posiblemente estarían hablando de cuando un funcionario público desvía recursos para cumplir con su deber. Esa es justo la definición formal que emplea Hunter Carter, colíder de la práctica internacional de la firma de abogados Arent Fox.

Recibir sobornos o favorecer contratistas son casos específicos de la práctica de “sacar provecho de recursos públicos para privatizarlos”, explicó el abogado.

A pesar de ser una definición única, para Carter hay formas diferentes de corrupción. Hay, lo que llama “gran corrupción”. Ese sería el caso de Ricardo Martinelli, hijo del expresidente de Panamá, que se declaró culpable en una operación de lavado de US$28 millones en contratos amañados en los que participó la brasileña Odebrecht.

Opinó que ese tipo de corrupción es tan conspicua, que es virtualmente imposible que se haga sin el conocimiento de los CEOs o de los dueños de las empresas involucradas. Es una visión importante porque si gana aceptación le restaría fuerza a la costumbre de castigar a los ejecutores inmediatos y dejar por fuera a otros que se benefician de estos ilícitos.

En todo caso, la corrupción toda, grande o pequeña, dice Carter, tiene un costo adicional en los países en desarrollo donde es más relevante construir un estado justo y eficaz.  Les hace perder la confianza a los ciudadanos en sus funcionarios públicos. Esto debilita enormemente las instituciones, que son necesarias para que los países funcionen.

Los más expuestos

La contratación pública en compras de las fuerzas de seguridad es uno de los lugares específicos donde la corrupción y la contratación ilícita es un fenómeno más extendido, dijo el experto.

Son procesos que están cubiertos por el secreto y no están cerca de los ojos del público, dijo. También muchas veces los pliegos de contratación tienen excepciones, que son una de las características típicas de los procedimientos que facilitan la corrupción. Finalmente, son compras que se hacen con carácter de urgencia, amparados en condiciones de inestabilidad o en problemas del momento. Un paro cívico, un aumento en la inseguridad ciudadana, o una amenaza real o imaginada a las fronteras, por ejemplo. Esto genera una actitud que promueve decisiones que se saltan barreras y que esquivan los procedimientos normales.

Las obras grandes de infraestructura son también otros de los lugares donde la corrupción mejor funciona por efecto de los montos elevados.

Las normas ¿Letra muerta?

La Organización de Estados Americanos, OEA, tiene la “Convención Interamericana contra la Corrupción”, en la que los países miembros se comprometieron a prohibir y sancionar a sus nacionales cuando realizaran actos de corrupción en otros países miembros. El Convenio no ha tenido mayor uso.

Al contrario, con más dientes mucho más afilados, la norma anticorrupción de Estados Unidos, el Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), aprobado en 1977, les prohíbe a empresas estadounidenses o registradas en mercados de valores de ese país, el pago de sobornos a oficiales extranjeros que les ayuden a obtener o a mantener negocios. “Tiene un gran alcance internacional”, dijo el experto. Casi 220 firmas han sido investigadas por esta norma y muchas de ellas terminaron pagando grandes sumas de dinero para negociar la interrupción procesos judiciales que los habrían podido meter en problemas mayores. La norma estadounidense también prohíbe prácticas que faciliten acciones del crimen organizado.

La aplicación del FPCA poco a poco ha generado una cultura de cumplimiento de las obligaciones corporativas, dijo. También ha conseguido que los funcionarios estén más atentos. Deben declarar sus posesiones, deben conocer a sus clientes, deben reportar con claridad todos los pagos y deben tener sistemas de auditoría que dificultan los actos corruptos.

Tarde o temprano las empresas deberían darse cuenta de que el soborno es un costo ilegitimo que podrían no pagar. “Podrían evitar el costo y denunciar”, dijo Carter. Mientras eso ocurre, tal vez haya que esperar que las normas internacionales como FPCA y algunas normas locales operen.

Los países que quieran salir del problema deben estar dispuestos a enfrentar a los particulares y a los empleados públicos, ambas partes del esquema, dijo. Además, a ofrecer incentivos para que haya denuncias y cooperación.

Destacó la del Perú como una de los sistemas más eficaces. “Perú tiene un sistemas de acuerdos de colaboración, ‘plea agreements’ en los que el Fiscal puede ofrecer una reducción de penas a cambio de información útil”.

Le parece que las delaciones son un mecanismo justo “porque no hay otra forma de acabar el problema que la de ofrecer beneficios. Los beneficios ofrecen una nueva dirección distinta de la corrupta”.

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