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Lecciones que deja una historia de éxito: operadores de puertos privados en América Latina y el Caribe

Paula Castillo | BID Invest
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En medio de la pandemia de COVID-19, el transporte marítimo continúa siendo esencial para la economía mundial. Los puertos operados por el sector privado históricamente han tenido un mejor desempeño, mayor flexibilidad y una adopción más veloz de nuevas tecnologías, factores clave para salir de la crisis.

En un momento difícil para las economías de América Latina y el Caribe (ALC), el papel del sector privado en la gestión de los puertos comerciales es una historia de éxito que nos deja lecciones sobre cómo asegurar el abastecimiento de alimentos y bienes esenciales en la región, y salvaguardar el comercio.

El transporte marítimo es esencial para la economía mundial, considerando que más del 80% del comercio global se transporta por mar. ALC es responsable del 7% del total de la carga de contenedores del mundo, lo que más o menos equivale a la participación de la región en el PIB mundial.

No obstante, la mayoría de los países en desarrollo han afrontado desafíos debido a infraestructuras y gestión portuarias deficientes, que dan lugar a una baja productividad y operaciones costosas. Desde la década de 1980, la solución fue la implementación de Asociaciones Público-Privadas (APP), bajo las cuales las autoridades portuarias continúan como propietarias, y el sector privado se hace cargo de las operaciones.

En todo el mundo, las APP han demostrado ser un modelo eficiente para adoptar las tendencias de “contenedorización” de las cargas y solucionar las necesidades de infraestructura y operacionales. ALC no fue la excepción: en la actualidad, las APP constituyen la norma de las terminales portuarias de carga en contenedores y multipropósito. El 92% de las TEU de la región se trasladan desde y hacia puertos de APP, que representan el 83% de las terminales de contenedores de la región.

Según estimaciones del BID, en la última década se registró un promedio de tres nuevas APP portuarias por año, principalmente a través de contratos de arrendamiento (landlord model, en inglés) sobre la infraestructura existente. Dichos contratos se han adjudicado en su mayoría por medio de procesos de licitación competitivos. Hasta 2019 la mayoría de las APP eran autosostenibles, lo cual generaba un flujo de ingresos al gobierno- a partir de pagos fijos o basados en los ingresos, que permitía asignar el gasto público a otras necesidades.

La operación de los puertos privados mejoró la competitividad de ALC gracias a las importantes mejoras de eficiencia y productividad de la gestión de la carga. En particular, desde inicios de este siglo, los puertos de América Latina y el Caribe incrementaron su eficiencia operativa más de 20%. Los datos muestran que la participación del sector privado y la competencia están correlacionadas con mejores niveles de desempeño operativo y económico, además de puertos en mejor estado de mantenimiento.

Ante los nefastos efectos del COVID-19, el papel del sector privado en la incorporación de avances tecnológicos será clave a fin de asegurar la seguridad en las terminales, proteger el abastecimiento de alimentos y bienes de consumo masivo esenciales y continuar las actividades comerciales. La pandemia resaltó la necesidad de contar con tecnología que permita la operación remota y el control autónomo por computadora, y el sector privado está bien posicionado para implementar aún mayores avances. Los ejemplos van desde operaciones sin papel ubicadas en sitios remotos, al manejo de grúas automatizadas, pilotaje autónomo o remoto, traslado automatizado de contenedores y plataformas de carga digitales con tecnología blockchain.

Una de las conclusiones más importantes, y reiteradas, es que los proyectos del sector público que buscan la participación de sector privado deben estar estructurados dentro de un marco institucional y regulatorio adecuado. También deben alinear los incentivos para maximizar los retornos sociales. Es necesario identificar bien los riesgos, además de asignarlos de manera eficiente, en particular, considerando que el COVID-19 resalta la importancia de la identificación y gestión de riesgos para los proyectos de infraestructura.

Las lecciones aprendidas de APP anteriores indican que es importante contar con equipos técnicos sólidos del lado público para poder identificar, estructurar, licitar e implementar correctamente los proyectos, y asegurar altos estándares de rendimiento de los activos, así como calidad en la prestación de servicios. De hecho, existe una relación estrecha entre la calidad regulatoria, la eficacia del gobierno y la eficiencia de los servicios de infraestructura.

Las instituciones multilaterales también tienen un rol relevante, no sólo en la provisión y movilización de recursos financieros para estos proyectos sino también en el apoyo técnico a los gobiernos. Los datos muestran que el financiamiento multilateral aumenta el número de prestamistas de un determinado proyecto y el plazo de pago promedio de los préstamos sindicados, haciéndolos más asequible. Algunos ejemplos recientes son Puerto Antioquia en Colombia, Puerto Posorja en Ecuador y Kingston Container Terminal en Jamaica (nuestro estudio de caso reciente sobre este proyecto se encuentra disponible aquí): todos cuentan con financiamiento de BID Invest.

El pasado ilumina el futuro: en medio del COVID-19 y más allá, el rol del sector privado — con el apoyo de sólidas contrapartes públicas — es y será más pertinente que nunca, y los organismos multilaterales continuarán teniendo un rol clave a la hora de prestar asistencia, brindar financiamiento y movilizar recursos para lograr que estas inversiones se materialicen con éxito al tiempo que se maximizan los retornos sociales.

SOBRE LA AUTORA:

Paula Castillo es oficial de sinergias público-privadas en el Departamento de Estrategia de BID Invest, donde analiza los desafíos y las oportunidades para el sector privado en infraestructura, particularmente transporte e infraestructura social. Antes de trabajar en BID Invest, fue asesora técnica del Vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID y consultora en la División de Transporte del BID. Antes del Grupo BID, trabajó en la División de Infraestructura del Departamento de Planificación Nacional en Colombia y como investigadora y profesora en la Universidad de los Andes. Paula es economista, tiene una maestría en gestión de sostenibilidad de la escuela de negocios de la American University, Estados Unidos y una maestría en economía de la Universidad de los Andes.

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