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Fomentar el empleo formal para impulsar una recuperación incluyente en América Latina y el Caribe

Angel Gurría – Secretario General de la OCDE | 
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América Latina y el Caribe están viviendo uno de los momentos más desafiantes de su historia. La región es hoy el epicentro mundial de la pandemia del COVID-19, con más de 100,000 muertes[1] y más de 2.5 millones de casos confirmados. El impacto de esta crisis en la región está siendo dramático. Algunas estimaciones indican una posible caída del PIB de la región de más del 9% en 2020,[2] y una pérdida de 17 millones de empleos.[3]

La crisis del COVID-19 ha puesto la cuestión de la informalidad en primer plano. Varios observadores coinciden en que los altos niveles de informalidad han hecho que la contención del virus en la región resulte más complicada y prolongada. Aquellos trabajadores informales que carecen de una fuente formal de ingresos y de acceso a redes de seguridad social, han tenido que arriesgarse para mantener su fuente de ingresos. A pesar de la existencia de programas de transferencias de efectivo y de los esfuerzos cada vez mayores para extender la cobertura de salud y la protección social, “llegar al sector informal” para otorgarle un apoyo de ingresos durante la pandemia ha supuesto un verdadero reto para los gobiernos de la región. Si bien en ocasiones el empleo informal ha funcionado como una válvula que contribuye a mitigar la pérdida de ingresos, esta vez, ha sido diferente. Los sectores que tradicionalmente han empleado a grupos vulnerables como la hotelería, el comercio minorista y los servicios domésticos, se han visto particularmente afectados por las restricciones del confinamiento y la caída del consumo.

La informalidad es un desafío persistente para América Latina y el Caribe. A pesar de algunas mejoras, durante la última década se ha estimado que la informalidad representaba alrededor del 40% del PIB de la región, la incidencia más alta del mundo.[4] Actualmente, se estima que cerca del 60% de los trabajadores de la región están empleados en el sector informal.[5] El impacto de la crisis del Covid-19 también puede ser particularmente costoso para ciertos grupos, como las mujeres, los pueblos indígenas, las personas mayores, los migrantes, y los jóvenes, quienes enfrentan barreras sistémicas para integrarse al mercado laboral formal. Se espera que uno de cada cinco jóvenes en la región de ALC esté desempleado en 2020, el doble de la tasa general y tres veces más que la de los adultos. Además, 20% de los jóvenes entre 15 y 24 años, no se encuentra ni estudiando, ni trabajando. Esta proporción es aún mayor para las mujeres, donde llega al 30%. Más del 77.5% de las mujeres empleadas en el sector del trabajo doméstico lo hacen en condiciones de informalidad. Las implicaciones de estos índices de informalidad son muy importantes para la economía, la sociedad y el desarrollo de la región. Las instituciones académicas, los think-tanks y las organizaciones internacionales siempre lo han reconocido. El sector informal tiene menores niveles de productividad y mantiene a una gran parte de la población en empleos de baja calidad, sin protección social y sin oportunidades de capacitación o de progresión laboral adecuada. Desde luego tampoco les permite ahorrar para la vejez ni contribuir al fortalecimiento de las instituciones y de las finanzas públicas.

Debido a la multidimensionalidad de este fenómeno y la complejidad de lograr el equilibrio correcto entre las diferentes políticas que podrían tener incidencia en promover la formalización (incluyendo impuestos, regulación, educación y capacitación, inclusión financiera, mercado laboral y políticas de protección social, entre otras), el tema generalmente no ha sido prioritario en la agenda política de la región. Por esta misma razón, es clave que prestemos mayor atención a la informalidad en el contexto de la crisis actual.

Por ello, la OCDE ha enfocado su Segunda Cumbre Ministerial de América Latina y el Caribe sobre Inclusión Social al tema de la “Informalidad e Inclusión en Tiempos de COVID-19”. Esta reunión, organizada virtualmente por el Gobierno de la República Dominicana y la OCDE, esta semana, del 13 al 17 de julio de 2020, reunirá representantes de alto nivel de los países de la región, expertos de organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil para discutir opciones de políticas que lleven hacia una recuperación más incluyente de la crisis COVID-19. Estamos convencidos que los esfuerzos extraordinarios que los gobiernos de la región están haciendo para llegar al sector informal, así como el mayor reconocimiento de los beneficios de la formalidad, podrían constituir una oportunidad para expandir las redes de seguridad social y facilitar un gran impulso a la formalización. Cada país tiene sus características y no hay soluciones únicas. Por ello, como hemos hecho en el caso de República Dominicana a través un Estudio Multidimensional de la OCDE, estamos dispuestos a trabajar de la mano con los países de América Latina y Caribe para encontrar una combinación de políticas públicas adaptados a la realidad particular de cada país, para construir una economía más formal, más incluyente y más sustentable en toda la región.

[1] Dr. M. Ryan, 24 June 2020 Press Conference, WHO >>

[2] Werner, A. Outlook for Latin America and the Caribbean: An intensifying pandemic (IMF, 2020)

[3] Altamirano, A., Azuara, O., González, S. (2020). ¿Cómo impactará la COVID-19 al empleo?: Posibles escenarios para América Latina y el Caribe..

[4] Informal Economy in Latin America and the Caribbean: Implications for Competition Policy (OECD, 2018)

[5] Tackling Vulnerability in the Informal Economy, Development Centre Studies (OECD/ILO, 2019)

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