Por Dan Restrepo, Senior Fellow, Center for American Progress
Es un momento peligroso y curioso para la democracia en las Américas. Según el Índice de Democracia del 2018 del Economist’s Intelligence Unit, el número de regímenes autoritarios en el hemisferio occidental (Cuba, Nicaragua y Venezuela) el año pasado igualó el número de «democracias plenas» (Canadá, Costa Rica y Uruguay).
Que Cuba, Nicaragua y Venezuela sigan un manual autoritario común es una causa obvia de preocupación. Pero también lo es el deterioro democrático en otras partes de la región. La democracia, por ejemplo, está bajo presión, en diferentes grados y de manera muy diferente, en las democracias más grandes del hemisferio, Brasil, México y los Estados Unidos. El nuevo presidente de Brasil ha expresado su cariño de por vida por la dictadura militar de Brasil y ha llenado su gabinete con ex-generales. El nuevo presidente de México amenaza con vaciar la democracia representativa mediante una aparente tendencia a gobernar, en parte, a través de consultas públicas limitadas. El presidente de los Estados Unidos, a su vez, amenaza con gobernar, al menos en un caso, por decreto (declarar una emergencia nacional) para evitar un Congreso controlado por la oposición. La corrupción también amenaza la estabilidad democrática en toda la región. El ejemplo más pronunciado es el de Guatemala, donde el presidente Jimmy Morales, quien una vez se defendió como un luchador anticorrupción, declaró la guerra a la Comisión Internacional contra la Impunidad respaldada por las Naciones Unidas, que ha estado en el centro de un esfuerzo de 12 años para erradicar la corrupción de alto nivel entre las elites políticas y económicas de Guatemala.
Sin embargo, lo más preocupante es que en las Américas la gente está perdiendo la fe en el valor de la gobernabilidad democrática. Durante esta década, el porcentaje de encuestados que identificaron la democracia como la forma de gobierno preferida en América Latina y el Caribe ha caído del 61% al 48%. Peor aún, los encuestados de entre 16 y 25 años tienen menos probabilidades de preferir la democracia. Sin embargo, la verdadera curiosidad de este momento por la democracia en las Américas es que, en este contexto, la región se compromete firmemente en la defensa colectiva de la democracia. De hecho, lo está haciendo tal vez más sistemáticamente que antes, tanto dentro como fuera de su marco institucional. Una de las cosas que hace que las Américas se distingan en el escenario global es su aceptación formal y colectiva de la democracia y su compromiso con su defensa colectiva.
En 2001, los países del hemisferio occidental se unieron en la Carta Democrática Interamericana (CID) para respaldar formalmente la naturaleza fundamental de la democracia representativa y establecer mecanismos para su defensa colectiva. Este mes, en días consecutivos, la Organización de los Estados Americanos, el repositorio de IADC, en la convocatoria de su Secretario General, Luis Almagro, se reunió para considerar las crisis democráticas y humanitarias en curso en Venezuela y Nicaragua. Con respecto a Venezuela, la mayoría de los Estados Miembros de la OEA (18) formalmente declararon como ilegítimo el supuesto segundo mandato de Nicolás Maduro que supuestamente comenzó el 10 de enero. Esta acción se produjo después de una declaración similar hecha por el Grupo de Lima, un grupo ad hoc de 13 países de América. Los países del Grupo de Lima fueron más lejos y declararon que cada uno tomaría medidas para negar la entrada a sus respectivos países a los miembros del régimen de facto de Venezuela. Esta acción colectiva es casi desconocida en las Américas, ya que Estados Unidos casi siempre está solo cuando se trata de revocar visas como una forma de sanciones individualizadas contra los malhechores en el hemisferio.
Coincidiendo con la defensa colectiva de la democracia y los derechos humanos, la OEA también ha encabezado los esfuerzos para que las figuras del régimen de Maduro rindan cuentas de los presuntos crímenes de lesa humanidad que recopilan las pruebas utilizadas por un puñado de países del hemisferio occidental para hacer la primera remisión formal por parte de los estados miembros de otro a la Corte Penal Internacional. Aunque no han desplazado el régimen de Maduro, estos esfuerzos por defender la democracia y los derechos humanos lo han dejado más aislado que nunca. Pero también han preparado el escenario para que 2019 sea un año crucial para la democracia en las Américas. El nuevo celo por la defensa colectiva de la democracia será sometido a prueba, tanto por su capacidad para conducir casos difíciles como Venezuela y Nicaragua hacia resultados democráticos, como para abordar cualquier problema y casos en que los presidentes en los grandes países del hemisferio superan su autoridad institucional.
Los resultados de esas pruebas ayudarán en gran medida a determinar si el 2019 marca un paso lejos del precipicio para la democracia en las Américas. O una zambullida en el abismo.
