El futuro incierto de la petrolera Repsol tras la expropiación de YPF
ESPECIAL LBC
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Después de semanas de rumores, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ordenó el pasado 16 de abril nacionalizar el 51% de YPF, a la que ha declarado de interés público, poniendo punto y final a una relación comercial que comenzó en los primeros meses de 1999 con la adquisición de la empresa al Estado argentino. Lo hace tras meses de mantenerla bajo presión política y culparla de una caída en la producción de crudo del país por no haber realizado suficientes inversiones. El porcentaje nacionalizado provendrá completamente de la participación del 57,4% que controla actualmente Repsol, que se quedará con poco más del 6% de la compañía argentina. Por su parte, la operación no afectará al grupo argentino Petersen, propiedad de la familia Eskenazy, que mantendrá el 25,46% que acumuladesde su entrada en YPF en 2008, ni a las acciones que cotizan en los mercados bursátiles, alrededor de un 17% del capital.
El Gobierno de Argentina tomó esta decisión porque quiere recuperar su capacidad de autoabastecerse de combustibles, puesto que lleva años teniendo que hacer millonarias importaciones energéticas que erosionan su superávit comercial. Sin embargo, muchos analistas dudan de su capacidad para compensar económicamente, ni por experiencia ni conocimientos técnicos, el trabajo realizado hasta el momento por Repsol YPF y de lograr la financiación necesaria para invertir en el aumento de su producción petrolífera.
La reacción de la petrolera española no se hizo esperar. Su presidente, Antonio Brufau, manifestó al día siguiente en una rueda de prensa que la decisión de Argentina era un acto "ilegítimo e injustificable precedido de una campaña de hostigamiento, coacciones y filtraciones interesadas". Por eso mismo, Mauro Guillén, profesor de Gestión y director del Lauder Institute de Wharton Business School, cree que “Repsol tenía que haberse anticipado a este problema. Es muy fácil echarle la culpa a Argentina o a Fernández [de la expropiación]. Pero ya se sabe lo que es ese país en términos de seguridad jurídica y de bandazos en la política económica. Repsol ha tenido años para poder cambiar el curso, vender YPF, buscar alternativas...”, comenta.
Consumada la expropiación, Brufau aseguró que la empresa "tomará todas las medidas legales a su alcance" contra el Gobierno de Argentina y recuerda que el país tiene el "compromiso" de lanzar una OPA por el 100% si quiere tomar el control de la filial. Según explicó, el abanico de medidas de defensa que se podrían adoptar es amplio “y podrá comprender acciones individuales o de clase en los diversos países involucrados, incluyendo demandas de carácter constitucional, administrativo, de mercado de valores, de carácter civil o mercantil o de resarcimiento de los daños y perjuicios causados".
Repsol calcula que el valor de YPF es de 18.300 millones de dólares (unos 14.000 millones de euros), o de 46,55 dólares por acción, por lo que la participación del 57% de la española en la argentina asciende a 10.500 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros). "Todos los Estados tienen derecho a expropiar, pero a pagar también el precio justo", avisó Brufau.
"No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10.000 millones dólares", respondió el viceministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof, al hablar ante el Senado el día 17 de abril. "La valuación de YPF será en base a datos objetivos no a especulaciones bursátiles", advirtió el que fue nombrado por Fernández de Kirchner como subinterventor en YPF.
La capitalización de mercado de YPF era el día 17 de abril de unos 10.400 millones de dólares, después de que las acciones de la petrolera perdieran cerca de un tercio de su valor en 2012 por las constantes presiones de Argentina para que incrementara las inversiones y el temor a una expropiación que finalmente sucedió.
Movimientos legales
Carlos Jiménez Piernas, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alcalá y colaborador de El Real Instituto Elcano, explica que el marco jurídico internacional que regula las inversiones entre España y Argentina es el Acuerdo sobre protección de inversiones celebrado entre ambos Estados en 1991. En virtud de este texto, Repsol y Argentina pueden mantener negociaciones durante seis meses con el propósito de resolver amistosamente la diferencia. Pasado ese tiempo, la compañía tiene la opción de resolver directamente sus diferencias con Argentina ante un tribunal arbitral internacional, en lugar de someterse a los jueces argentinos. Se trataría de un tribunal arbitral internacional constituido al amparo del Centro Internacional para el Arreglo de las Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington.
Este experto señala que para obtener satisfacción mediante esta vía arbitral la empresa española “debería probar que las medidas adoptadas tanto por el Gobierno argentino en el marco del procedimiento expropiatorio, como por las distintas provincias argentinas que en las últimas semanas le han venido retirando concesiones de explotación a YPF, resultan ilegales y discriminatorias”.
Jiménez apunta que esta vía arbitral “presenta resultados dispares y muchas incógnitas para los inversores extranjeros”, por lo que considera “aconsejable” que “Repsol explorara a fondo la posibilidad de un arreglo razonable para sus intereses acerca del montante de la indemnización durante la fase de negociaciones previas” a la opción del arbitraje con el gobierno argentino, “lo que minimizara las pérdidas de la expropiación de YPF”. “Arreglo que de lograrse ofrecería sin duda la ventaja inapreciable de evitar un largo y complejo procedimiento arbitral internacional, y que por la gravedad y alcance económico del acto expropiatorio puede provocar paralelamente un importante deterioro a largo plazo de las relaciones entre ambos Estados”, argumenta.
La medida argentina también ha abierto una crisis diplomática con España a la vez que ha provocado una dura crítica internacional hacia el país sudamericano. La primera decisión del Gobierno español para castigar a Argentina ha sido asignar cuotas de producción de biodiésel en las plantas españolas. Esto provocará en la práctica limitar las importaciones de biodiésel argentino, cuyo valor ascendió el año pasado a 750 millones de euros. En total, España compró 719.473 toneladas de este biocombustible a Argentina, casi la mitad de las 1,6 millones de toneladas consumidas. Además, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró el pasado 24 de abril en el en el Congreso que el Gobierno de España continuaría con una defensa "firme" de Repsol y que acudirá a los foros económicos internacionales para "lograr la justa compensación".
España ha recibido numerosos apoyos internacionales, entre ellos los de Estados Unidos, México y la Unión Europea, donde ya se han dado los primeros pasos para castigar a Argentina. El Parlamento Europeo (PE) ha instado a Bruselas a suspender parcialmente las ventajas arancelarias que concede a Argentina. Por amplia mayoría, los eurodiputados aprobaron el pasado 20 de abril una resolución que pide a la Comisión y al Consejo de la UE que valoren opciones como la "posible suspensión parcial" de Argentina del sistema generalizado de preferencias (SGP), del que se benefician las exportaciones de ese país para entrar al mercado comunitario. Según datos que maneja la propia Unión de 2010, aproximadamente el 27% de todas las exportaciones argentinas dirigidas a la UE (equivalentes a 2.400 millones de euros) se benefician de este tipo de ventajas comerciales. Especialmente, productos como biodiesel, aceite de soja, aceite de semilla de girasol, camarones y filetes de merluza congelados, zumo de limón, tabaco, mandarinas y uva de mesa.
“De conformidad con el Derecho Internacional, en estos momentos España tiene un margen de actuación bastante limitado”, advierte Jiménez. Desde un punto de vista de las relaciones bilaterales entre España y Argentina, él recuerda que el acuerdo hispano-argentino sobre la protección de inversiones permite que España inicie un procedimiento judicial internacional contra Argentina si considera que ésta ha incumplido alguna de las obligaciones reconocidas en el mismo. Pero advierte de varios problemas si se toma esta vía: que “esta decisión repercutiría muy negativamente en los inversores españoles que operan en Argentina” y que “apenas existe práctica que avale el recurso a esta vía jurisdiccional”.
Jiménez considera importante poner de relieve la perspectiva comunitaria, es decir, el papel que puede desempeñar la UE en este conflicto, ya que mediante el Tratado de Lisboa los Estados miembros le atribuyeron la competencia en materia de protección de las inversiones extranjeras directas, lo que “invita al Gobierno de España a gestionar y consensuar todas las decisiones que adopte respecto a este asunto con el resto de socios europeos”.
Para este experto, “en el corto plazo tanto el Gobierno español como la UE deben volcarse en las gestiones informales tendentes a facilitar una salida airosa para Repsol”. Cree que “tiempo habrá”, tanto si fracasan las negociaciones entre Repsol y el Gobierno argentino acerca del montante de la indemnización, como si más tarde, llegado el caso, Argentina se negara a honrar la indemnización fijada por un laudo arbitral, “para adoptar contra el país latinoamericano medidas de retorsión, e incluso de represalia, a la vista de cómo se desarrollen los acontecimientos”. “Porque habrá indemnización y el Gobierno argentino lo sabe”, opina.
Las opciones estratégicas de la compañía
Mientras se resuelve el pago de la indemnización, Repsol tendrá que plantearse cómo afrontar su futuro sin YPF. Guillén comenta que “Repsol tiene un tamaño intermedio y pocas reservas, comparado con las grandes compañías globales. Tiene que crecer. La adquisición de YPF fue hace más de 10 años y desde entonces no ha tomado una gran decisión. Ahora con la crisis del euro y la falta de crédito le va a resultar más difícil”.
Joaquín Garralda, profesor de estrategia del IE Business School, señala tres posibles caminos para la compañía: la unión con alguna de las grandes empresas del sector, un pacto con China o la compra de alguna otra empresa nacional latinoamericana. En cuanto a la primera de estas opciones, considera que “el tamaño de Repsol es uno de los factores claves, ya que con YPF era grande y lanzarle una opa era más difícil para otra empresa, pero en estos momentos la opción es más factible”.
“Repsol tiene algunas importantes fortalezas que pueden interesar a algunas grandes empresas mundiales”, destaca Garralda. En su opinión, ha desarrollado muy bien el conocimiento de extracción marítima en grandes profundidades, mantiene buenas relaciones con las administraciones de Latinoamérica y es buena con la gestión de los derechos humanos en la región. Y añade: “También será importante saber qué ocurrirá con el desarrollo de la Ley Dodd-Frank, que exige que todas las empresas que cotizan en las bolsas de valores de los Estados Unidos hagan públicos los pagos que hacen a los Gobiernos a cambio de recursos naturales, identificados por país y por proyecto. Repsol tiene muy buena reputación en lo que se refiere al buen gobierno y la transparencia. Podría aportar a alguna empresa estadounidense su experiencia en la gestión de la responsabilidad corporativa desde un punto de vista europeo”.
Guillén coincide en que “Repsol puede establecer una alianza con alguna otra compañía, sobre todo asiática”, pero cree que “sin YPF, la compañía española es menos atractiva”. Solo en la Patagonia argentina, donde había invertido más de 400 millones de dólares, la empresa tenía planeado explotar lo que calculaba podía ser uno de los mayores yacimientos de recursos no convencionales (aceites y gas de esquisto) del mundo.
Este profesor cree que Repsol lo tendrá “muy difícil” para ganar la fuerza que ha perdido con YPF mediante la adquisición de nuevas compañías en la región “porque los países latinoamericanos no se han visto tan afectados por la crisis como los europeos y ha subido el precio del petróleo y las materias primas, por lo que no se encuentran en la necesidad económica de realizar grandes ofertas para vender compañías nacionales para conseguir liquidez”.
¿Y la opción de seguir sola? “Podría hacerlo, pero las fuerzas dinámicas externas que hay a su alrededor son muy fuertes y ahora, tras su caída en bolsa está a unos precios interesantes para los mercados. El problema de la petrolera es que es lo suficientemente grande como para tener un gran inversor nacional de referencia, pero muy pequeña para poder interesar a las grandes compañías del sector”, concluye Garralda.
Reeditado con el permiso de http://www.knowledge.wharton.upenn.edu - la investigación en línea y la revista de análisis de negocio de la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania.
