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Prensa Libre, Guatemala, April 16, 2010

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Mario Antonio Sandoval: Serio gasto oculto

LOS GASTOS OCULTOS tienen impresionantes efectos negativos, en todas las actividades. Y no se refieren exclusivamente a lo económico, aunque la mayoría de las veces este es un factor primordial. Por ejemplo, será un gasto oculto todo lo invertido en comprar gasolina adicional para dirigirse a una casa situada a larga distancia. Dentro de esa línea de pensamiento, son muy serios los gastos ocultos relacionados con la necesidad de adquirir o aumentar los servicios de seguridad para las empresas como tales y para su personal de alto nivel: no solo deberían ser innecesarios, sino ocupan tiempo valioso de quienes se ven obligados a contratar protección y seguridad.

SEGÚN INFORMES de la agencia española de noticias EFE, en Centroamérica ha empeorado la seguridad en Guatemala, Honduras y El Salvador. Aunque en realidad esta noticia no sorprende a nadie, sí es un factor necesario de tomar en cuenta no solo para la gobernabilidad del país, sino para el precio de los productos guatemaltecos, o el interés de empresas extranjeras de establecerse en Guatemala. Los altos ejecutivos constituyen un gremio de interés para el crimen organizado, y por eso es conveniente convencerlos de emplear parte de los fondos empresariales para protegerlos. Los datos responden a la publicación especializada Latin Business Chronicle.


LOS DELITOS COMETIDOS contra altos ejecutivos, sobre todo extranjeros, tienen el problema adicional de constituirse en focos de noticias negativas para el país cuando ocurren. La inseguridad contra este personal de alto nivel, por su escaso número, tiene posibilidades de tener efecto devastador, si —por ejemplo— una docena de compañías importantes deciden dejar el país o cerrar sus operaciones. El dato comentado hoy comprueba cómo se puede comparar de manera válida la inseguridad con un monstruo de mil cabezas. Combatirlo es tarea de beneficio para gobernantes y gobernados, pero en especial para el país considerado en su conjunto como un lugar violento.

COMO TODA INSTITUCIÓN relacionada con el Estado, enmarcada en el esquema democrático, la Corte de Constitucionalidad está programada a permanecer en el centro de la actividad política del país. Tiene una responsabilidad particular: la de convertirse en el árbitro para decidir cuáles acciones se encuentran acordes a la Constitución, con el especial factor de ser el más alto intérprete del lenguaje legal. Por eso el dicho: “la Constitución dice lo que la Corte de Constitucionalidad dice que dice”. Se trata de una responsabilidad muy particular, porque va más allá de la letra muerta y se debe enmarcar sobre todo dentro del espíritu de la Carta Magna nacional.

DEBIDO A ELLO, EL FACTOR más importante para la CC es garantizar no solo su imparcialidad, sino la percepción popular de poseerla. En un año prácticamente preelectoral como es el 2010, este aspecto se convierte en un verdadero parteaguas, en un antes y después de sus pronunciamientos. Es igualmente primordial para la sociedad aceptar y comprender la obligatoriedad del cumplimiento de los dictámenes. Son una orden al más alto nivel, sin posibilidades de apelaciones, no una recomendación. Por eso cuando no son obedecidas, o cuando la CC toma decisiones cuestionables y sobre todo repudiables, el efecto negativo para la sociedad puede ser devastador.

LA CC HA TENIDO, EN GENERAL, una trayectoria correcta. Sus aciertos han sido superiores en número a sus errores, en sus 24 años de existencia. Pero por eso mismo la tarea fundamental de sus actuales integrantes es mantener ese prestigio, conscientes de la gravedad de obedecer a consignas o a decidir según acuerdos internos entre los magistrados. Una cosa es tomar decisiones político-jurídicas o jurídico-políticas, porque esto es el objeto de la CC, y otra es poner el riesgo el sistema legal guatemalteco por decisiones poco meditadas o, peor aún, malintencionadas o con dedicatorias. Dicho esto es correcto desearle suerte, por el bien interno y de la Nación.

 

 

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