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El Nuevo Herald, USA, August 2, 2008

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Ecuador, ¿progreso o populismo?

El ministro de Seguridad de Ecuador, Gustavo Larrea, vino a Washington la semana pasada para hacer cabildeo a favor de una extensión de las preferencias arancelarias andinas para su país. El ministro vino a solicitar que las preferencias arancelarias a las exportaciones otorgadas por Estados Unidos a Ecuador se extiendan más allá del 31 de diciembre, cuando esa concesión está programada para finalizar. Sin embargo, las preocupaciones sobre el estado de derecho en Ecuador son una amenaza real para cualquier continuación de estos beneficios.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos presentó un testimonio a la Comisión de Comercio Internacional en la audiencia del 22 de julio pasado sobre la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA, por sus siglas en inglés), que se aprobó por primera vez en 1991. En ese testimonio, la Cámara destacó que Perú no necesitará más las preferencias una vez que se implemente, a finales de este año, un tratado comercial bilateral, que le dará a los trabajadores y granjeros estadounidenses el mismo acceso abierto a los mercados de Perú que los peruanos han disfrutado desde 1991. Por otra parte, la Cámara apoya enérgicamente la extensión del ATPA para Colombia, mientras el Congreso de EEUU aprueba un acuerdo de libre comercio con ese país, una importante meta legislativa para el 2008.

La Cámara de Comercio de Estados Unidos destaca en su testimonio que, ''un país podría no tener derecho a ser beneficiario de la ATPA si su gobierno expropia propiedades que pertenecen a un ciudadano o a una corporación estadounidense, o si toma medidas para repudiar o anular cualquier contrato existente con un ciudadano o una corporación estadounidense''. Desafortunadamente, Ecuador y Bolivia han hecho caso omiso al estado de derecho de diversas maneras, incluyendo las antes mencionadas, levantando dudas sobre sus posibilidades de continuar recibiendo los beneficios de la ATPA.

A principios de este mes, Quito atrajo la ira de las organizaciones internacionales que vigilan la libertad de prensa cuando su gobierno confiscó varios importantes medios de comunicación, incluyendo dos canales de televisión que, de acuerdo con el Washington Post, son vistos por aproximadamente un 40 por ciento de los televidentes que ven noticias. El Latin Business Chronicle informó que ''los representantes del gobierno cambiaron de inmediato la línea editorial de los dos canales'', lo que llevó a las protestas del Comité para la Protección de Periodistas y a la renuncia de un respetado ministro de Finanzas.

Esta falta de respeto al estado de derecho ha causado la caída de las inversiones en ambos países en los últimos años, mientras que han crecido en Colombia y Perú.

Que Ecuador pierda las valiosas preferencias comerciales que le otorga la ATPA es una posibilidad real. El ministro Larrea haría bien en dedicar sus acciones a reforzar el estado de derecho en Ecuador --y enfocarse en Washington después.

Vicepdte. para Asunt. Internac.,

Cámara de Comercio de EEUU.



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